31 octubre 2013

La cruzada contra los fumadores

Hasta que aparecieron los sospechosos fundamentalistas de la santa cruzada antitabáquica, fumadores y no fumadores compartían sin traumas los mismos espacios públicos y privados, la prohibición de fumar en transportes públicos y locales de espectáculos se respetaba casi unánimente y ciertas normas de educación implícitas sustituían ventajosamente las lagunas del código. 

Pero llegaron los bárbaros, puritanos del Norte de América, nietos espúreos del «Mayflower», hijos de los que implantaron la «Ley Seca» y patinaron con ella, sanos de cuerpo y romos de mente, temerosos de una permisividad que en los años sesenta distorsionó con flores, ácido, rock y marihuana, el sueño americano convirtiéndolo en pesadilla. 

Aliados con la clase médica que ante la crisis de las ideologías se conservaba como último bastión del orden y de la moral establecidas, los nuevos centuriones reaganianos se lanzaron a la búsqueda de un nuevo arquetipo americano extensible a sus áreas de influencia, un homínido saludable, deportivo, sobrio, trabajador, ahorrativo y patriota, un auténtico chollo para empresarios y negreros, un probo ciudadano siempre en perfecto estado de revista, incapaz de salirse de la norma, ante los numerosos frenos terapéuticos que le rodean, miedo al sexo ante la amenaza del Sida, miedo al tabaco por la amenaza del cáncer, miedo al placer, miedo a lo nuevo, miedo a todo lo que no venga estampillado, envasado, aplaudido y recomendado por las autoridades político-sanitarias. 

A este pitecántropo tan saludable y obediente le han prohibido fumar y copular fuera del sagrado tiesto matrimonial y ni siquiera puede protestar porque ya no se trata de una cuestión opinable sobre política o moral, se lo han prohibido por su bien, por su salud, por su bienestar y por el de sus hijos. No tardarán en prohibirle el café, el azúcar, el alcohol, la carne de cerdo y la literatura disolvente. Y todas estas prohibiciones serán, no lo dudo, entusiásticamente apoyadas por las autoridades sanitarias españolas, entre otras cosas porque prohibir, multar y castigar es mucho más barato que solucionar los problemas de la contaminación ambiental, las deficiencias hospitalarias, los vertidos tóxicos y otras nauseabundas emanaciones del «progreso».

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